Candelaria De La Fuente Monfil. | Secretario Educación Pública Exp: 99/2022

16 de Enero del 2023

Actor: CANDELARIA DE LA FUENTE MONFIL.

Demandado: SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA y Otros..

Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Del estado de autos, se advierte que mediante el oficio 8707/2022 del índice de este tribunal colegiado, se remitió al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el testimonio de la ejecutoria emitida en el presente asunto y los autos del juicio de origen, tal como se advierte del sello de recibo que obra en el mencionado medio de comunicación. Ahora bien, se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; consecuentemente, archívese este asunto. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción en su momento oportuno.

17 de Noviembre del 2022

Puebla, Puebla. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós. PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por ********************, contra los actos y las autoridades señaladas como responsables, atento a las razones expuestas en la ejecutoria.

03 de Noviembre del 2022

Puebla, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que trascurrió el término de tres días otorgado a la parte recurrente para que en términos del artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del proyecto del Magistrado Ponente. Atento a lo anterior, vuelvan los autos en que se actúa y los del juicio de origen, a la que se encuentran turnados, para los efectos legales conducentes.

19 de Octubre del 2022

Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta, por el que el Magistrado que suscribe, devuelve a la Secretaría de Acuerdos, el recurso de revisión 99/2022 y el juicio de amparo indirecto ********************, se ordena dar vista a la parte recurrente, con las causales de improcedencia advertidas, bajo las siguientes consideraciones:********************"(.)********************SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. ****************************************1. VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.********************La recurrente en sus agravios refiere que el juez responsable viola sus derechos humanos y de seguridad jurídica, en específico los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asimismo, pues no observó el principio pro homine establecido en el diverso numeral 1 del ordenamiento legal en mención.********************Al respecto, debe decirse que tales argumentos deben desestimarse por inoperantes.********************Lo anterior, pues se dirige a controvertir esencialmente que el Juez de Distrito vulneró derechos humanos, quienes al conocer de los juicios de amparo de su competencia, como acontece en la especie, ejercen la función de control constitucional, y aun cuando en contra de sus decisiones procedan medios de defensa (como el presente recurso de revisión), éste es un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional y, por ello, técnicamente no deben analizarse los agravios en que el Juez violó preceptos constitucionales al resolver el juicio de amparo, dada la naturaleza de éste y por la función de control constitucional que dicho juzgador desempeña.********************Por ende, si la resolución motivo del presente recurso de revisión, fue dictada por un Juez de Distrito, que actuó como titular de un órgano de control constitucional, con ese carácter no transgrede los principios y derechos fundamentales del gobernado, sino que, en su caso, podría infringir preceptos de la Ley de Amparo; infracciones que pueden ser revisadas a la luz de los recursos ordinarios que los rigen, previstos en la citada ley, entre los que se encuentra el recurso de revisión, el cual, se reitera, no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación de derechos fundamentales, que se atribuyen al Juez de Distrito que conoció del asunto, ya que ello significaría darle el carácter de autoridad responsable y pretender ejercer un control constitucional sobre otro.********************Así lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyo rubro y texto son:********************"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional".****************************************Cabe destacar que si bien la anterior jurisprudencia fue objeto de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012, con motivo de la reforma constitucional publicada el diez de junio de dos mil once, su contenido sigue vigente al desestimarse la referida solicitud por el Pleno del Alto Tribunal, en sesión de doce de noviembre de dos mil trece; lo anterior, aun cuando con la reforma constitucional mencionada existieron cambios terminológicos, en cuanto al término garantías individuales, ahora derechos humanos o fundamentales, pues lo relevante es que, subsiste el hecho que el juez federal no puede ser juzgado como si fuera la autoridad responsable, por ende, el citado criterio resulta aplicable al caso.****************************************2. ARGUMENTO CONTRA LA OMISIÓN DE RECIBIR DIVERSOS ESCRITOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DIRECTOR DE LA ********************, ******************** Y SUPERVISOR DE ZONA NÚMERO ******************** DE LA ********************.****************************************En el primer y segundo agravio la aquí recurrente alega que respecto del acto reclamado consistente en la negativa por parte de las autoridades responsables Director ********************, de la ******************** y a ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************de recibir escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho; el A quo actúo de forma incorrecta, al señalar en la sentencia recurrida que no se presentó prueba alguna por parte de la quejosa, cuando éstas sí fueron presentadas, con el fin de establecer que existía una violación al derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Federal.********************Agregando, que aún cuando la quejosa aportó pruebas suficientes, el Juez de Distrito erróneamente estableció que independientemente de que esas las autoridad responsables [Director ********************, de la ******************** y a ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************; no rindieron su informe justificado, éste determinó que no se actualizaba el supuesto establecido en el artículo ********************7 párrafo cuarto de la Ley de Amparo; alegando, que el Juez de Distrito debió de tener por cierto dicho acto.********************También señala, que los diversos escritos señalados como acto reclamado, fueron dirigidos a los citados Director y Supervisor en calidad de autoridad y no de patrón, por tanto fue transgredido su derecho establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Lo anterior descrito, resulta fundado pero inoperante.********************Es fundado, porque el Juez de Distrito erróneamente sobreseyó por todo ese acto reclamado (omisión de recibir escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho) al establecer en la sentencia recurrida, que no obstante que las citadas autoridades responsables omitieron rendir su informe justificado, lo cierto es, que dada la naturaleza del acto reclamado consistente en la negativa de recibir esos escritos, no operaba la presunción de certeza que sanciona el artículo ********************7 de la Ley de Amparo, ya que la existencia de la conducta negativa reclamada requería necesariamente de una manera previa, la existencia de la solicitud del particular, y que por ello le correspondía a la quejosa acreditar que formuló una petición por escrito, y que en el caso, ésta no ofreció medio de convicción alguno. ********************Efectivamente, el A quo al resolver respecto de ese acto reclamado: omisión de recibir los escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho; no advirtió que la aquí recurrente adjuntó diversas pruebas a su demanda en el juicio de amparo indirecto, entre otras, los escritos de los cuales ella se duele no le fueron recibidos, por tanto, contrario a lo que señala el Juez de Distrito, ésta sí aportó medios de convicción con respecto a ese acto reclamado, de ahí lo fundado del motivo de inconformidad que al efecto se hace valer.********************No obstante lo fundado del precisado agravio, a su vez el mismo resulta inoperante, porque respecto del acto reclamado que aquí nos ocupa, la quejosa ofreció como pruebas en su demanda en el juicio de amparo indirecto, las siguientes: ********************- Escrito de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por la aquí recurrente ********************; dirigido a ********************, Director de la ********************sin sello ni firma de recibido (foja 37 del juicio de amparo indirecto ********************)********************- Escritos de nueve de octubre y cinco de noviembre, ambos del dos mil dieciocho, suscritos por la citada aquí recurrente, dirigido a ********************, Director de la ********************; en los cuales, en ambos escritos se observa que tienen sello de recibido con fechas dieciocho de octubre y seis de noviembre, ambos del mismo año (dos mil dieciocho), respectivamente, por parte de la ******************** (fojas 39 y 47 ídem).********************- Escrito de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por la quejosa ********************; dirigido a ********************, Director comisionado de la ********************sin sello o firma de recibido (foja 44 íbidem).********************- Oficio sin fecha, firmado por el Maestro ********************, Director de la Escuela Secundaria, dirigido a la citada quejosa ********************, mediante el cual se da contestación al escrito citado en el párrafo inmediato anterior; donde en el mismo se observa firma de recibo con fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciocho. (foja 45 y 46 del juicio de amparo indirecto)********************Entonces, de lo anterior mencionado, este Tribunal advierte, que respecto al acto reclamado omisión de recibir los escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho; se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por distintos motivos a lo señalado por el A quo, que más adelante se señalarán.********************Lo anterior, se hace valer oficiosamente por este Tribunal Colegiado, de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la invocada legislación y por así permitirlo el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, Junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente:********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."********************Lo anterior es así porque, respecto del escrito de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que la quejosa adjuntó como prueba a su demanda de amparo, en el cual se observa que no cuenta con sello ni firma de recibido (foja 37 del juicio de amparo indirecto ********************); lo cierto es, que no basta solo con su dicho, para demostrar que presentó el mismo y no fue recibido por las autoridades responsables Director ********************, de la ******************** y a ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************pues no aportó alguna otra prueba que concatenada con ese escrito que añadió, demostrara que presentó ese escrito ante esas autoridades y ellas se negaron a recibirlo; luego entonces, es inexiste el acto reclamado que se hace consistir en la omisión de recibir el escrito de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por la aquí recurrente.********************Por otra parte, en relación a los escritos de nueve de octubre y cinco de noviembre, ambos del dos mil dieciocho, que adjuntó la quejosa a su citada demanda, también es inexistente el acto reclamado: omisión de recibir esos escritos, toda vez, que como ya se mencionó con antelación, de los mismos se advierte que contrario a lo argumentado por la aquí recurrente tales ocursos, fueron recibidos el dieciocho de octubre y seis de noviembre, ambos del mismo año (dos mil dieciocho), respectivamente, por parte de la ********************; de ahí la inexistencia del precisado acto reclamado.********************No es óbice a lo anterior, que la recurrente en su ampliación de demanda presentada ante el A quo, señaló como acto reclamado dos escritos de nueve de octubre de dos mil dieciocho, sin embargo, de las pruebas que ésta misma adjunta a su demanda inicial se advierte que es solo un escrito de esa fecha, no habiendo indicio de que haya un segundo.********************Por último, tampoco existe el acto reclamado: omisión de recibir el escrito de la quejosa de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por parte de las autoridades responsables antes señaladas, pues no obstante, a que el mismo, no cuenta con alguna firma o sello donde se advierta se haya recibido, lo cierto es, que de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto, se advierte que a foja 45 y 46 existe un oficio suscrito por la autoridad responsable ********************, Director de la Escuela Secundaria; dirigido a la aquí recurrente ********************, en donde se indica que se da contestación al citado escrito, del cual ésta se duele que no le fue recibido, razón por la cual, resulta inexistente dicho acto reclamado.********************Es por todo lo anterior, que deviene lo fundado pero inoperante de los agravios que se han dejado precisados.********************Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la quejosa aquí recurrente también le reclamó el acto que aquí nos ocupa, a la autoridad responsable que denominó ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************pues de las pruebas que ella misma adjunta a su demanda de derechos fundamentales, se advierte que todos esos escritos (de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho) fueron dirigidos a ********************, Director de la ********************; y no así a aquélla autoridad.********************Por tanto, respecto de ese acto reclamado: omisión de recibir escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer.******************** 3. ARGUMENTO RESPECTO DE QUE AL NO DAR CONTESTACIÓN A DIVERSOS ESCRITOS SE VIOLENTA SU DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL.******************** ********************Respecto a lo alegado por la aquí recurrente en su tercer agravio, en relación a que el A quo al declarar inexistente el acto reclamado omisión de recibir los escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho; tiene como consecuencia, la transgresión a su derecho establecido en el artículo 5 Constitucional, pues con ello, no se da contestación a sus peticiones establecidas en esos escritos, tales como el informar el motivos de descuentos a su salario.******************** Lo anterior, resulta inoperante por novedoso, en razón que la quejosa señala una cuestión que no estableció en sus concepto de violación en la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto, toda vez que aquí viene alegando la falta de respuesta de esos escritos por parte de las autoridades señaladas como responsables; pues la litis que se planteó ante el A quo, fue solo la omisión de recibir esos escritos de fechas diecisiete de septiembre, nueve de octubre, veinticinco de octubre y cinco de noviembre, todos del año dos mil dieciocho, y por consiguiente, de estudiar esa cuestión novedosa, implicaría abrir una diversa instancia respecto de nuevos argumentos que la quejosa aquí recurrente no hizo valer en su demanda de derechos fundamentales; motivo por el cual, es inoperante este agravio.******************** A lo anterior, sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 18/2014 (10a.), Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:********************"AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del juicio de amparo omite el estudio del planteamiento de constitucionalidad en la sentencia y se surten los demás requisitos para la procedencia del recurso de revisión, su materia se circunscribe al análisis de ese planteamiento a la luz de lo que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Por tanto, los agravios en los que se introducen cuestiones novedosas son inoperantes, pues si lo planteado en éstos se estudiara, implicaría abrir una nueva instancia que brindaría al quejoso una oportunidad adicional para hacer valer argumentos diversos a los propuestos en su concepto de violación, lo que es contrario a la técnica y a la naturaleza uniinstancial del juicio de amparo directo."****************************************4. ACTO RECLAMADO AL ********************.********************En relación al acto reclamado a la autoridad responsable ********************: la negativa de ordenar a su inferior jerárquico (Director ********************, de la ******************** y a ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************) que dejen de acosar y hostigar a la aquí recurrente, es apegado a derecho que el A quo haya sobreseído por inexistencia del mismo, en virtud de que esa autoridad al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, sin que la aquí recurrente haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, luego entonces, como bien lo determinó el Juez de Distrito, no existe ese acto reclamado, y por tanto se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************No pasa desapercibo a lo anterior, que no obstante que el ******************** de la ********************, rindieron informe justificado; éstos no fueron señalados como autoridades responsables ni tampoco se les instauró algún acto reclamado por parte de la quejosa en su escrito de aclaración de demanda.********************4. ARGUMENTO CONTRA ACOSO LABORAL O MOBBING; ASÍ COMO LA ORDEN Y DESCUENTOS VÍA NÓMINA.********************En el cuarto agravio, la aquí recurrente alega que al haberse sobreseído en su totalidad el juicio de amparo indirecto ********************, tiene como consecuencia que continue el acoso laboral o mobbing.********************Al respecto este Tribunal advierte lo siguiente:********************Mediante escrito de aclaración de demanda recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; la recurrente también estableció que señalaba como actos reclamados los siguientes:********************La orden de descuentos vía pago de nómina, así como acoso y hostigamiento, al Director ********************, de la ****************************************Acoso y hostigamiento a ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************.********************El descuento ilegal durante los años 2018 y 2019, mediante los recibos de nómina: con número de comprobante ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************; Respecto de las claves de cobro siguiendo el orden correspondiente del número de comprobante son: ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************; con Folio Fiscal respectivo: ********************, ********************, ********************, ********************, E7C80F86-00BC-4290-BE********************-823E758A644F, DFBAEDB2-603D-46C6-A419-7853A3F65640, D683A587-15A6-4984-A153-C310FC2796DC, 05F12415-55B5-4E92-AB6BBEDF7E99A376, F398CA34-DB3D-4012-8FF8-96E6008E74E6; al Departamento de Recursos Humanos de la ********************.****************************************Ahora, respecto de los actos reclamados: la orden de descuentos vía pago de nómina y el descuento ilegal durante los años 2018 y 2019, señalados a las autoridades responsables ********************, Director de la ********************y Departamento de Recursos Humanos de la ********************respectivamente; es fundado lo alegado por la quejosa en su demanda de derechos fundamentales.********************Ello es así, porque al rendir su informe justificado la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la ******************** (fojas 174 a 184 del juicio de amparo indirecto), aceptó la existencia del acto que se le atribuye, indicando (en dicho informe) en lo conducente lo siguiente:********************"SI ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA QUEJOSA, PERO NO VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS Y LOS DERECHOS HUMANOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1° CONSTITUCIONAL.********************Como consta en la demanda de amparo, el acto reclamado consiste en la aplicación de descuentos durante los años 2018 y 2019, hechos que ciertamente se realizaron derivado de las gestiones realizadas por su superior jerárquico, con motivo de faltas y retardos presentados por la trabajadora ******************** ahora quejosa. Para acreditar la relación remito copia certificada del nombramiento y orden de adscripción de fecha 19 de enero de 1990"********************De lo anterior, se advierte que efectivamente esa autoridad aceptó que era cierto los descuentos vía nómina que le señaló la quejosa como acto reclamado.********************Ahora, respecto al Director de la ********************; no obstante que éste omitió rendir su informe justificado, debe presumirse por cierto el acto que se le atribuye: la orden de descuentos vía pago de nómina, de conformidad con lo que estable el artículo ********************7, párrafo Cuarto de la Ley de Amparo, además de que como se señaló en párrafos anteriores, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la ********************indicó en su informe que efectivamente, fueron realizados descuentos vía nómina a la aquí recurrente, por gestiones realizados por el superior jerárquico de ésta, por tanto, se presume cierto el acto reclamado al citado Director.********************Sin embargo, respecto de esos actos [la orden de descuentos vía pago de nómina y el descuento ilegal durante los años 2018 y 2019], señalados a las autoridades responsables ********************, Director de la ********************y Departamento de Recursos Humanos de la ********************; así como también de los diversos: acoso y hostigamiento señalados también al multicitado Director y a ********************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ********************se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: ********************"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:********************I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(.)"****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:********************[.]********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]******************** XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."****************************************Conforme a los preceptos legales transcritos, se entiende por autoridad responsable la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Además, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.********************En relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes:********************La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.********************Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad.********************Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,********************Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.********************Establecido lo anterior, lo actos que la quejosa atribuye a las diversas autoridades [acoso, hostigamiento, orden de descuento y descuentos vía nómina], tienen naturaleza laboral, como se corrobora con la copia certificada del nombramiento y orden de adscripción de la aquí recurrente, que anexa la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la ********************a su informe justificado (183 y 184 del juicio de amparo indirecto).********************Así como también, es conveniente señalar que de los hechos que señaló la quejosa en su demanda de derechos fundamentales, y de las pruebas que anexo a ésta, se advierte:********************Que la quejosa se desempeña como trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, adscrita como maestra de inglés e historia, en la Escuela Secundaría Federal Carmen Serdán, en Ciudad Serdán, Puebla.********************Que el ********************, Puebla, en diversas ocasiones le ha llamado la atención por inasistencias a laborar y por el desempeño de sus funciones.********************La quejosa señala que el Director de la citada institución educativa, en diversas ocasiones se ha negado a recibir sus escritos, en donde expone los motivos de diversas inasistencias, así como inconformidades con sus condiciones de trabajo, solicitando también los motivos de los descuentos vía nómina.********************Dice sufrir acoso y hostigamiento laboral por parte del Director de esa institución educativa donde presta sus servicios, y que no se le reconoce la comisión sindical que ostenta.********************Es decir, que se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo.********************De ahí que resulta claro que los actos que se atribuyen a las citadas autoridades que la quejosa señaló como responsables, no son equiparables a actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, precisamente, porque no actúan en calidad delegada, subordinada o coordinada con otra que las dote de tal carácter, o por virtud de la obediencia a una norma general, que los ciña a actuar en determinado sentido, sino que en su caso, los referidos actos los llevaron a cabo en un plano laboral en nombre de la parte patronal.********************Por lo que, no se está en el caso de tener a aquéllas (********************, Director de la ****************************************, Supervisor de Zona Número ******************** de la ******************** y Departamento de Recursos Humanos de la ********************) como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe plantearse en su caso, ante la autoridad laboral competente.********************No obsta a lo anterior, que la recurrente en su demanda señaló como acto reclamado: La negativa de reconocer la comisión de actividades propias de ********************; sin embargo, al requerirla mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte (foja 142 del juicio de amparo indirecto) para que aclarara el acto que reclamaba a cada una de las autoridades, ésta en su escrito de aclaración de demanda no reclamó dicho acto a ninguna autoridad.********************Luego entonces, es inconcuso que por cuanto hace a estos últimos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.********************En tales condiciones, respecto a los actos reclamados: orden y descuentos de descuentos vía pago de nómina; acoso y hostigamiento laboral, como lo estableció el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. ******************** (.)"********************Atento lo anterior, y como lo determinó el Pleno en sesión de catorce de octubre del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista a la recurrente ********************, con el presente acuerdo, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que por medio de lista se le realice, manifieste lo que a su derecho e interés corresponda.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 5/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008790, materia Común y que a la letra dice:********************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad."********************Notifíquese.

18 de Mayo del 2022

Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo, para que la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo indirecto se adhiriera al presente recurso, sin que lo hubiera hecho, en tales condiciones y toda vez que el mismo se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el numeral 92 de la legislación de la materia, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado José Ybraín Hernández Lima, a fin de que elabore el proyecto de resolución correspondiente, en atención al sistema de turno que se tiene establecido para el tipo de medio de impugnación que nos ocupa.

03 de Mayo del 2022

LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA RECURRENTE: Puebla, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos del recurso de revisión 99/2022 interpuesto por Candelaria de la Fuente Monfil, con el propósito de verificar la competencia de este tribunal colegiado, se determina lo siguiente. COMPETENCIA POR MATERIA Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, tiene competencia por razón de la materia para conocer del presente recurso por lo que se comparte la decisión adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, pues existe cosa juzgada respecto de que por razón de la materia corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, conocer de los recursos que deriven del juicio de amparo 727/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. En efecto, pues como ya se vio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el conflicto competencial 286/2019, suscitado entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, determinó que los actos reclamados en el juicio de amparo 727/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, son de naturaleza laboral, ya que tienden a afectar o modificar derechos de la quejosa en su carácter de trabajadora del Gobierno del Estado de Puebla. En consecuencia, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo tiene competencia material para conocer del recurso de revisión 99/2022 interpuesto por Candelaria de la Fuente Monfil, contra la sentencia dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. Por consiguiente, se acepta la competencia declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Finalmente, en razón a que el presente acuerdo acepta la competencia, túrnense los autos a la presidencia de este tribunal para que provea lo conducente.

03 de Mayo del 2022

Puebla, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós. En cumplimiento a la resolución del Pleno de veintiséis de abril de dos mil veintidós, mediante la cual este tribunal colegiado acepta la competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto por Candelaria de la Fuente Monfil por propio derecho, en contra de la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el amparo indirecto 727/2019. En tales condiciones se acuerda: ADMISIÓN DEL RECURSO Por una parte, considerando que este Tribunal Colegiado es competente para conocer del medio de impugnación en comento, tal como se advierte del acuerdo plenario; y, por otra, que se presentó oportunamente de acuerdo a la certificación con que se dio cuenta, se admite. DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS DEL RECURRENTE Ahora bien, toda vez que el recurrente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene para tal efecto el señalado en el juicio de amparo indirecto. En cuanto a las personas que menciona, se les tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por ser la parte trabajadora. DEL JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, en la medida de sus posibilidades, continúen la tramitación del presente asunto bajo la modalidad de juicio en línea, de tal suerte que puedan consultar el expediente digital, promover y recibir notificaciones vía electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud de los justiciables y de los servidores públicos, la cual se ha visto amenazada con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. PROTECCIÓN DE DATOS De conformidad con los numerales 16, 68 y 71 de la Ley Federal, así como el diverso 73 de la Ley General, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación está obligado a proteger los datos personales que obren en su poder, así como a poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, en las cuales la información clasificada reservada o confidencial que obre en la misma no puede ser objeto de publicación. INTEGRACIÓN DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO Se hace saber a las partes que este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Ybraín Hernández Lima (Presidente), Gloria García Reyes y Francisco Esteban González Chávez. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES Se ordena notificar esta determinación al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a la parte recurrente y a quien obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo por lista, según lo dispone el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y, conforme a lo establecido en el diverso numeral 82, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento del último de los mencionados que puede adherirse al presente recurso de revisión dentro del plazo de cinco días.